La Fiscalía General del Estado de Durango sigue adelante con la investigación de un caso en el que un enfermero y una química están acusados de realizar procedimientos estéticos sin autorización y sin contar con las credenciales necesarias. Según las autoridades, los acusados efectuaban procedimientos de liposucción en domicilios particulares, sin los estándares de higiene y seguridad requeridos para este tipo de intervenciones.
La fiscal Sonia Yadira de la Garza detalló que la investigación comenzó tras recibir denuncias de diversas víctimas que sufrieron secuelas graves de salud, incluyendo cicatrices permanentes y daños en órganos internos. Estos procedimientos se llevaban a cabo en un establecimiento ubicado en la colonia Vistahermosa y en un departamento de la calle 5 de Febrero, ambos en la ciudad de Durango.
Las víctimas, que pagaron alrededor de 8,000 pesos por los procedimientos, afirmaron que los servicios se ofrecían sin la supervisión de un médico certificado. Las investigaciones han revelado que ni la enfermera ni la química contaban con los títulos ni cédulas profesionales necesarios para efectuar este tipo de tratamientos invasivos. Las personas implicadas, originarias de Durango, se encuentran actualmente detenidas y enfrentan cargos por la práctica ilegal de procedimientos médicos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha integrado cinco carpetas de investigación relacionadas con estos casos y espera el dictamen de peritos en salud para evaluar la responsabilidad de los acusados. Aunque los delitos de mala praxis médica no son considerados graves en el marco legal actual, las autoridades buscan una reparación integral de los daños causados a las víctimas y la aplicación de sanciones a los responsables.
La fiscal De la Garza aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la población a verificar la certificación de los profesionales antes de someterse a cualquier procedimiento estético. Recordó que es posible consultar en línea si un cirujano plástico cuenta con las certificaciones vigentes y cumple con los estándares de especialización requeridos, que deben renovarse cada cinco años.
